Los trabajadores del campo de golf municipal de El Toyo, Alborán Golf, en Almería, han iniciado un proceso de reclamación laboral relacionado con sus condiciones contractuales y retributivas. Según exponen los representantes legales de los empleados, una parte de la plantilla vinculada a las funciones de caddie master percibe actualmente el sueldo mínimo interprofesional y no cuenta con reconocimiento de antigüedad en sus nóminas.

Algunos de estos trabajadores desempeñan su labor en el campo desde su apertura con motivo de los Juegos del Mediterráneo de 2005, mientras que otros se han incorporado posteriormente. En todos los casos, según señalan los abogados que representan al colectivo, ninguno de ellos habría percibido hasta ahora complementos vinculados a la antigüedad laboral.

El modelo de gestión del personal ha ido cambiando a lo largo de los años. Inicialmente vinculados a la Empresa Municipal Almería Turística, entidad pública del Ayuntamiento encargada de la gestión de distintas instalaciones, los trabajadores pasaron posteriormente a depender de distintas sociedades externas encargadas de formalizar las nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social.

De acuerdo con la información trasladada por el equipo jurídico, estas entidades han ido variando en los últimos años, mientras que la organización del trabajo y la operativa diaria del campo se han mantenido bajo la supervisión de la estructura municipal responsable de la instalación.
 

 
Según explican los representantes de los trabajadores, desde la recuperación del campo por parte del Ayuntamiento hace algo más de una década —tras el desistimiento de la concesionaria que ejecutó su construcción— la plantilla ha sido objeto de sucesivos procesos de subrogación entre distintas empresas.

Entre 2014 y 2020 los empleados formaron parte de la Empresa Municipal Almería Turística y, posteriormente, varios de ellos pasaron a integrarse en una sociedad privada encargada de la gestión administrativa de las nóminas.

Así, el colectivo plantea ahora una reclamación que, según su equipo jurídico, estaría vinculada a la posible existencia de cesión ilegal de trabajadores derivada de los cambios de empresa que han gestionado su relación laboral a lo largo de los últimos años. Entre las entidades mencionadas en este proceso figuran Cooperación 2005, Central Purchasing Body y, más recientemente, Salzillo, compañía que actualmente presta este servicio.

Los abogados que representan a los trabajadores consideran que la situación requiere una revisión que permita clarificar el marco laboral de la plantilla y garantizar condiciones contractuales acordes con la normativa vigente y con las funciones que desempeñan en la instalación. Al mismo tiempo, señalan su disposición a encontrar una solución que permita resolver el conflicto mediante diálogo entre las partes implicadas.