El complejo turístico de la Isla de Valdecañas vuelve a situarse en el centro del debate judicial tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de admitir a trámite el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra el decreto de la Junta que modifica los límites de varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la región.

La organización ecologista considera que la norma busca dejar fuera de la protección ambiental el enclave donde se levanta el resort Marina de Valdecañas. A su juicio, este movimiento abriría la puerta a facilitar la regularización de un proyecto que lleva años encadenando resoluciones judiciales en contra.

El desarrollo de Valdecañas se convirtió hace tiempo en uno de los casos urbanísticos más complejos del país. Concebido como un destino turístico de alto nivel en el embalse de Valdecañas, el proyecto incluye hotel, viviendas, instalaciones deportivas y un campo de golf que actúa como uno de los elementos centrales de la oferta del resort.
 

 
Desde el punto de vista del sector turístico, el caso siempre ha despertado atención porque representa un modelo de destino residencial y vacacional vinculado al golf, una fórmula ampliamente extendida en varias regiones españolas. Precisamente por eso, cada decisión judicial se observa con interés en distintos ámbitos de la industria.

Ecologistas en Acción sostiene que el cambio en la delimitación de la ZEPA responde a una estrategia para eliminar el principal obstáculo ambiental que pesa sobre el complejo. Recuerdan además que diferentes sentencias han señalado la obligación de restaurar la legalidad urbanística en la zona.

La Junta de Extremadura defiende por su parte que el decreto responde a criterios técnicos relacionados con la actualización cartográfica de estos espacios protegidos en distintos embalses de la comunidad, y no a una actuación dirigida específicamente a Valdecañas.

La admisión del recurso no implica todavía una decisión sobre el fondo del asunto, pero abre una nueva fase judicial en un conflicto que se arrastra desde hace casi dos décadas. Mientras tanto, el futuro del complejo continúa en una situación de incertidumbre que afecta tanto al plano político y ambiental como al turístico.