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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana paraliza el PAI Sant Gregori Golf

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado el recurso de los propietarios de los terrenos afectados por el PAI Golf Sant Gregori en Burriana y ha declarado contraria a derecho su reactivación por lo que queda paralizado el desarrollo de este proyecto que incluía unas seis mil viviendas y un campo de golf.

La sentencia explica que, en enero de 2005, el Ayuntamiento de Burriana aprobó definitivamente el programa de actuación integrada para el desarrollo del sector SUT-T-Sant Gregori, de suelo urbanizable residencial turístico del PGOU del municipio, adjudicando su ejecución a la mercantil Gestión y Construcción de Obras Públicas S.A.

En octubre de 2005 se aceptó la cesión de agente urbanizador en favor de Urbanización Golf Sant Gregori S.A.U. y la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación llegó en febrero de 2010.
 

 
Sin embargo, el consistorio resolvió en 2016 el convenio de despliegue y ejecución del PAI y rescindió la condición de agente urbanizador a Urbanización Golf Sant Gregori S.A.U. al considerar que la mercantil había incumplido sus obligaciones contractuales.

Ante el recurso del agente urbanizador el consistorio dictó dos acuerdos plenarios en 2019 aprobando otro acuerdo a suscribir entre el Ayuntamiento y Urbanización Golf Sant Gregori S.A.U. con la condición de que esta cumpliera con las «obligaciones esenciales previstas» y añadía que no cabía recurso.

Pero varios propietarios del sector Sant Gregori interpusieron un recurso de reposición oponiéndose al acuerdo que restablecía al agente urbanizador.

Los recurrentes pedían la anulación de los dos acuerdos municipales relativos al PAI porque, según sostenían diversos informes de los técnicos municipales, «resultaba improcedente la rehabilitación de la condición de agente urbanizador por un acuerdo trasnsaccional y que éste acuerdo era además nulo por infringir el convenio urbanístico de 2005».
 

 
El recurso fue rechazado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón, y los afectados volvieron a recurrir resolviendo ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que no comparte los argumentos del juzgado de Castellón.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV explica que, tal y como sostienen los apelantes, el convenio transaccional aprobado en pleno en 2019 «vulnera la normativa de contratos de las Administraciones Públicas» por lo que era «contrario al ordenamiento jurídico». Además el acuerdo modificaba «de forma sustancial el contenido el informe de 2005 que aprobaba el PAI».

Por ello, asegura la Sala, «procede estimar el recurso de apelación y revocar la sentencia apelada», y por tanto anula los acuerdos municipales de 2019 por ser contrarios a derecho.

Ante esta resolución cabe recurso, según consta en la sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.