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‘Hecha la ley, hecha la trampa’, por Alejandro Nagy

Hace unos días la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Turismo aprobó el texto del decreto por el que se modifica el decreto regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de los campos de golf en Andalucía, una disposición y una modificación que cuenta con la oposición de buena parte de la industria del golf andaluza. Organismos como la Confederación de Empresarios de Andalucía o la Real Federación Andaluza de Golf, así como diversos colectivos y profesionales independientes, han mostrado su más total desacuerdo con ambos textos.

Una de las figuras principales que creaba el decreto inicial aprobado a principios de 2008 fue la del “campo de golf de interés turístico”, con la que se pretendía flexibilizar su tramitación administrativa y promover la creación de campos de golf en zonas interiores y rurales. Este controvertido elemento no ha dado el resultado deseado ya que desde hace un lustro no se inaugura un recorrido en suelo andaluz, así como tampoco ha dado pie a notables mejoras en los campos todavía en funcionamiento. Por otro lado la Administración pública también se había marcado como objetivo reforzar la protección ambiental planteando, por un lado, la necesidad de certificar los campos de golf con alguno de los certificados generalistas actualmente en vigor, y por otro, la prohibición de construir más de trescientas viviendas cada dieciocho hoyos.

Seis años después de la aprobación del Decreto 43/2008 poco o nada se ha conseguido además de soliviantar a promotores de proyectos, gerentes de campos de golf y profesionales relacionados con el sector. Y eso que públicamente lo han expresado, incluso con notificaciones federativas. ¿Se legisla para mejorar o para controlar? En este caso concreto la respuesta es complicada. Si se redacta un texto con carencias y no se atiende a las protestas de las asociaciones representativas, si administrativamente se plantean objetivos calificados de “inalcanzables” por profesionales del sector, si después de seis años se plantea una modificación aún menos aceptada que el texto original, algo falla. Imagino que el decreto y sus modificaciones han sido redactadas, revisadas, comentadas, escrutadas, e internamente aprobadas, por técnicos competentes de la Junta de Andalucía pero, ¿cuánta participación han permitido tener a representantes de una de las regiones más potentes de la industria del golf nacional? Porque ahora mismo tiene a todo el sector en contra y eso bueno no es.

El golf, como tantas otras actividades económicas, presenta sus particularidades, sus virtudes y defectos, su historia y su herencia, sus “esto mejor hacerlo así” y sus “¿eso? ni hablar, no funciona” (algunos aprendidos a fuerza de varias décadas de errores), aspectos que hacen que a la hora de plantear una legislación sea mejor de forma participativa que impositiva. ¿Quién mejor que los profesionales que día a día, proyecto a proyecto, mantienen vivo una industria, para matizar la legislación que después tendrán que cumplir?
 

Alejandro Nagy es coordinador de cgolfsostenible y fundador de golfindustria.es.
 

golfcourse89