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‘¿Qué consecuencias legales ha tenido la pandemia sobre las principales relaciones contractuales entabladas en el sector golfístico?’, por Mandy Goyos Ball

Desde que a principios de 2020 la pandemia de COVID-19 diera sus primeros pasos en España, muchas circunstancias del día a día se han visto alteradas o, en algunos casos, se han modificado por completo. El sector del golf no ha sido ajeno a ella y también se ha visto tremendamente afectado.

Una de tantas preguntas que muchos responsables de clubs de golf se han hecho en estos meses ha sido qué consecuencias legales ha tenido la pandemia sobre las principales relaciones contractuales entabladas en el sector golfístico.

Para resolver algunas de ellas hemos consultado con Mandy Goyos Ball, abogada, docente y emprendedora, así como una destacada jugadora de golf con amplia presencia en los equipos junior de la Real Federación Española de Golf y actualmente vocal del Comité Técnico Amateur Femenino de la RFEG.
 

 
Durante el confinamiento los clubs de golf se vieron afectados por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que impuso el cierre de establecimientos deportivos. ¿Qué ocurrió con las cuotas de los socios que no pudieron disfrutar de las instalaciones de sus clubs de golf durante esos meses?

Eso depende de la forma jurídica de cada club. Por ejemplo, es habitual que los clubs de golf adopten la forma de sociedad anónima, entregándose una acción a cada socio. En tales casos, los socios tendrán que seguir cumpliendo con las obligaciones impuestas por los estatutos, las normas de régimen interno y los acuerdos sociales adoptados en el seno de la empresa de la que son propietarios en tanto que no transmitan su acción a un tercero.

En cambio, si los socios no forman parte del capital social del club de golf y tienen un simple derecho de entrada, podrán darse libremente de baja en cualquier momento. En tales casos, las cuotas abonadas durante el confinamiento podrían haber quedado sujetas a devolución en las condiciones previstas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, para la protección de los consumidores.

 

Algunos de esos clubs de golf se explotan en régimen de arrendamiento inmobiliario o similar. ¿Se suspendieron también las cuotas devengadas por el uso de unas instalaciones que, al menos durante el periodo de cierre, no se pudieron utilizar?

No. La norma general es que los contratos deben cumplirse en los términos en los que han sido pactados y, por tanto, el arrendatario deberá abonar la contraprestación acordada en tanto que las instalaciones alquiladas sigan estando a su disposición y no a la del propietario. Salvo, claro está, que el contrato establezca algo diferente respecto de quién debe asumir el riesgo de una situación como la vivida.

Del mismo modo, el arrendador deberá conformarse con la renta acordada cuando la economía mejore, sin que tenga la posibilidad de incrementar unilateralmente el precio del contrato por ese motivo.
 

 
¿Y si un club de golf deja de generar ingresos suficientes con los que seguir abonando la renta?

Existen supuestos extraordinarios de destrucción del equilibrio contractual que permiten a la parte perjudicada por ese desequilibrio solicitar una renegociación de los términos económicos del contrato, pero esa es una cuestión ajena a la solvencia del deudor.

En el caso planteado puede tener relevancia el tipo de arrendamiento del que estemos hablando. Si lo que se arrienda es una industria en funcionamiento (el club de golf), la imposibilidad temporal de desarrollar la actividad en el modo previsto en el contrato podría ser utilizada como argumento para tratar de reducir equilibradamente la renta pactada durante los meses en que se haya visto afectado el negocio.

En cambio, si el objeto del contrato es el alquiler de un inmueble sobre el que luego se ha desarrollado un club de golf (habiendo podido utilizarse con otros fines), será mucho más complicado defender el caso.

Aunque es verdad que los tribunales tienden a suavizar esta rigurosa interpretación, no podemos olvidar que, en los contratos de larga duración, ambas partes asumen el riesgo intrínseco de que las cosas no evolucionen según lo previsto.

 

Otro problema importante que padeció el sector fue la cancelación de eventos. Uno de los pilares fundamentales de todo evento es su financiación, normalmente conseguida a través de contratos de patrocinio. ¿Qué ocurre con las inversiones de patrocinadores de eventos frustrados a causa de la pandemia?

Habría que ver el caso concreto. Es posible, de nuevo, que el propio contrato establezca quién asumía el riesgo de cancelación, que se haya contratado un seguro específico para tal fin o que las partes hayan pactado una solución de mutuo acuerdo.

También depende de si se trata de un patrocinio duradero para la promoción de un evento o si la publicidad contratada se limitaba a la celebración del evento en sí.

En este último caso, la celebración del evento al que se vinculó la aportación del patrocinador constituye la base del negocio jurídico. Si ese evento no se pudo celebrar a causa de la pandemia, se produce la frustración del fin del contrato y el patrocinador podría exonerarse de pagar las cantidades comprometidas.
 

 
Los patrocinadores también son un apoyo importante para los jugadores profesionales. El hecho de que estos últimos no hayan podido competir tanto como tenían previsto durante el último año y medio, ¿ha permitido a los patrocinadores excusarse de seguir pagando las cantidades comprometidas?

En principio, no, ya que un patrocinador suele pagar una cantidad de dinero a cambio de adquirir determinados derechos de explotación de la imagen del deportista, sin que la pandemia haya supuesto obstáculo alguno para seguir explotando su marca personal a través de esa imagen. De hecho, muchos deportistas aprovecharon la pandemia para promocionarse más en redes sociales, lo cual benefició también a sus patrocinadores.

Como siempre, puede haber excepciones, pero la pandemia por sí sola no es causa suficiente para dejar de cumplir las obligaciones económicas asumidas en virtud de un contrato.

 

¿Y si el contrato previera expresamente la obligación del deportista de participar en un mínimo de competiciones anuales? ¿Podría el patrocinador exigir una indemnización por ese incumplimiento?

En mi opinión, no, tampoco. La imposibilidad de competir sería un claro ejemplo de fuerza mayor oponible por el deportista como causa de exoneración de su responsabilidad contractual.

Cuestión distinta sería que la contribución del patrocinador estuviese prevista para un periodo de larga duración y que la imposibilidad de competir se alargara igualmente durante mucho tiempo. En ese escenario se podría valorar la renegociación de los términos contractuales para equilibrarlos a la nueva situación de excepcionalidad, tal y como hemos mencionado anteriormente. Pero no estamos en ese caso.
 

Puedes contactar con Mandy Goyos Ball, abogada, docente y emprendedora, en mandygoyos@icam.es.