La Real Federación Española de Golf (RFEG) figura entre las cinco entidades privadas que han alcanzado el pleno cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, según la evaluación correspondiente a 2026 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

El resultado sitúa al organismo federativo entre las organizaciones mejor valoradas de España en un informe que revela importantes deficiencias en la publicación de información por parte de empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades beneficiarias de ayudas públicas.

El estudio analiza el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas por la Ley de Transparencia entre ciento veinticinco entidades privadas receptoras de financiación pública.

La evaluación pone de manifiesto que más de la mitad de las organizaciones examinadas no alcanza el 50 % de cumplimiento, pese a la mejoría general registrada respecto al ejercicio anterior.

El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) se ha situado en una media del 47,5 %, frente al 34,4 % de la evaluación precedente.

Sin embargo, setenta entidades permanecen por debajo del aprobado y únicamente veintisiete superan el 80 % de cumplimiento, lo que evidencia que todavía existe un amplio margen de mejora en materia de transparencia y rendición de cuentas.
 

 
Por tipología de organización, las federaciones deportivas presentan el mejor comportamiento, con un cumplimiento medio del 63 %, seguidas de las fundaciones privadas, con un 51,4 %.

A mayor distancia aparecen las organizaciones no gubernamentales, con un 38,3 %, las asociaciones, con un 35,3 %, y las empresas, que cierran la clasificación con apenas un 32,1 %.

La legislación española establece obligaciones de publicidad activa para las entidades privadas que reciben subvenciones o ayudas públicas superiores a cien mil euros anuales, así como para aquellas en las que estas aportaciones representan al menos el 40 % de sus ingresos, siempre que alcancen un mínimo de cinco mil euros.

Para elaborar el informe de 2026, el Consejo ha seleccionado aleatoriamente organizaciones que habían percibido más de medio millón de euros en un año, utilizando la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

De las ciento veinticinco entidades examinadas, sesenta y dos ya habían sido evaluadas anteriormente, mientras que sesenta y tres se incorporaron por primera vez al análisis.

El organismo también destaca que siete de cada diez disponen de un portal específico de transparencia en su página web, aunque veintitrés organizaciones evaluadas en 2025 continúan sin habilitarlo pese a las recomendaciones recibidas.

Entre las principales deficiencias detectadas figuran la ausencia de información sobre la estructura organizativa, los perfiles profesionales y las retribuciones de los máximos responsables, así como la falta de publicación de contratos y convenios suscritos con las administraciones públicas.

También se identifican problemas relacionados con la actualización de los contenidos y la utilización de formatos que dificultan su consulta y reutilización.
 

 
Así, la Real Federación Española de Golf comparte el máximo nivel de cumplimiento con la Real Federación Española de Ciclismo, la Confederación Plena Inclusión España, la Fundación para la Investigación del Clima y la Fundación Santa María la Real.

Las cinco organizaciones han alcanzado el cien por cien en el índice utilizado por el Consejo, mientras que otras nueve superan el 90 %.

En conjunto, veintisiete entidades obtienen una valoración superior al 80 %, una evolución favorable respecto a 2025, cuando únicamente cuatro de las ochenta y dos organizaciones evaluadas consiguieron superar ese umbral.

El Consejo también destaca el efecto de sus recomendaciones durante el procedimiento de evaluación. Un total de cuarenta y cuatro entidades introdujeron mejoras en sus portales de transparencia durante el plazo de observaciones y alegaciones, logrando incrementar su índice de cumplimiento en casi cuarenta puntos porcentuales.

No obstante, el organismo recuerda que la legislación vigente no contempla un régimen sancionador específico ni le atribuye potestades coercitivas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.

Una limitación que, a su juicio, dificulta asegurar que todas las organizaciones beneficiarias de financiación pública publiquen adecuadamente la información exigida.

El informe refleja así una mejora general en los niveles de transparencia de las entidades privadas subvencionadas, aunque todavía insuficiente, y sitúa a las federaciones deportivas como el colectivo con mejores resultados dentro de la muestra analizada.