Los programas y propuestas de los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre incluyen numerosas medidas que podrían afectar a la actividad de los campos de golf, los complejos turísticos, las empresas proveedoras y los desarrollos inmobiliarios vinculados al sector.
Aunque el golf apenas aparece mencionado expresamente en los documentos electorales, cuestiones como la disponibilidad de agua, la fiscalidad empresarial, los costes laborales, la regulación urbanística y las políticas ambientales tienen una incidencia directa sobre el funcionamiento y la rentabilidad de las instalaciones.
El análisis de los programas del Partido Popular, PSOE, VOX y Se Acabó La Fiesta (SALF), junto con las propuestas públicas conocidas de Podemos, permite identificar diferentes planteamientos sobre algunas de las principales preocupaciones de la industria.
Conviene precisar que esta última formación todavía no ha publicado su programa electoral completo para el 29 de noviembre, por lo que sus posiciones se han recopilado a partir de documentos políticos e iniciativas anteriores.

La gestión del agua constituye uno de los principales puntos de interés para los campos de golf, especialmente en las regiones donde la escasez de recursos hídricos condiciona el mantenimiento de las instalaciones.
El Partido Popular plantea un Pacto Nacional del Agua, acompañado de inversiones en infraestructuras, modernización de regadíos, desalación y reutilización de aguas depuradas.
Por su parte, el PSOE propone reforzar la reutilización y la desalación mediante energías renovables, digitalizar la gestión del ciclo integral del agua y mejorar la eficiencia de los recursos disponibles.
VOX defiende un Plan Nacional del Agua basado en la interconexión de cuencas y la modernización de las infraestructuras hidráulicas, mientras que Podemos plantea revisar la concentración de derechos de riego en manos de fondos de inversión y avanzar hacia un modelo de gestión de los recursos naturales con mayor intervención pública.
Ninguna de estas propuestas establece, sin embargo, condiciones específicas para el suministro de agua regenerada a los campos de golf.

En materia fiscal aparecen algunas de las diferencias más significativas. SALF propone la eliminación completa del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una medida que podría tener especial repercusión económica sobre las instalaciones propietarias de grandes superficies de terreno e inmuebles. La formación también plantea reducir el Impuesto sobre Sociedades al 20 %, con un tipo del 15 % para beneficios reinvertidos, además de rebajar la fiscalidad sobre determinados suministros energéticos y el agua.
VOX propone reducir el Impuesto sobre Sociedades, los tipos general y reducido del IVA y los impuestos sobre la electricidad, además de simplificar las obligaciones administrativas de las empresas. En el caso de Canarias, incluye una rebaja general del IGIC y la supresión del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías, medidas que podrían influir en los costes de adquisición de determinados equipos y suministros.
El Partido Popular también contempla rebajas fiscales y medidas de simplificación administrativa para favorecer la inversión y la actividad empresarial, mientras que el PSOE defiende una fiscalidad progresiva, el refuerzo de la lucha contra el fraude y una mayor contribución de los patrimonios y rentas más elevados.
Podemos es la única formación de las cinco analizadas que plantea expresamente establecer un impuesto sobre los campos de golf. La propuesta aparece dentro de su política de fiscalidad ambiental, junto con otros gravámenes sobre aviones privados, yates y vehículos de alta cilindrada. No obstante, la documentación disponible no concreta cómo se calcularía el impuesto, qué instalaciones quedarían sujetas ni si existirían excepciones relacionadas con el consumo de agua, la titularidad o el carácter deportivo de los campos.

El turismo constituye otro ámbito de especial relevancia. El Partido Popular apuesta por aumentar el valor añadido de la actividad turística, mejorar el gasto por visitante y favorecer la desestacionalización, objetivos con una conexión directa con el turismo de golf. El PSOE, por su parte, plantea un modelo turístico más sostenible, con mayor atención a la eficiencia energética e hídrica y a la adaptación de los destinos al cambio climático.
Las políticas inmobiliarias también podrían afectar a los complejos turísticos residenciales y a las urbanizaciones vinculadas a campos de golf. PP, VOX y SALF plantean diferentes medidas para facilitar la disponibilidad de suelo, reducir cargas fiscales o agilizar procedimientos de construcción y adquisición de viviendas. El PSOE propone reforzar la regulación del mercado residencial y aumentar la oferta de vivienda asequible.
Podemos defiende restricciones de mayor alcance, entre ellas una moratoria a las compras de viviendas que no se destinen a residencia habitual y la prohibición de utilizar viviendas como alojamientos turísticos. Estas medidas podrían afectar a determinadas promociones residenciales de golf y a los complejos que comercializan apartamentos y villas vacacionales como parte de su oferta turística.

En el ámbito laboral, las propuestas también presentan diferencias relevantes para una actividad que necesita personal especializado en mantenimiento, administración, restauración, atención al cliente y servicios hoteleros. El PSOE defiende continuar mejorando los salarios y las condiciones laborales, mientras que el Partido Popular plantea reducir la carga fiscal sobre las rentas del trabajo y facilitar la actividad empresarial.
SALF propone reducir la cuña fiscal del empleo, eliminar las cuotas de autónomos y establecer nuevas fórmulas de contratación. VOX también contempla reducir las cargas de los trabajadores autónomos, incluyendo una cuota de cero euros para quienes no alcancen el salario mínimo interprofesional.
Podemos, por su parte, reclama elevar el salario mínimo hasta los mil ochocientos euros mensuales y reducir la jornada laboral sin pérdida de salario, con un objetivo de treinta horas semanales recogido en su programa europeo anterior. Su aplicación podría modificar los costes de personal y la organización de los turnos en determinadas instalaciones.

La energía y las políticas ambientales completan buena parte de las propuestas con incidencia empresarial. PSOE y Podemos priorizan la transición hacia las energías renovables y la eficiencia energética, mientras que PP y VOX plantean medidas destinadas a mejorar la competitividad energética y reducir determinadas cargas regulatorias.
SALF propone rebajas fiscales sobre la electricidad que también podrían repercutir en los costes de explotación de los campos de golf, especialmente en las instalaciones con importantes necesidades de bombeo y riego.
En cuanto al mantenimiento agronómico, ninguno de los documentos examinados desarrolla medidas específicas sobre la utilización de productos fitosanitarios en céspedes deportivos, ni sobre la autorización de sustancias activas o las condiciones de aplicación en campos de golf.
Las propuestas generales de protección ambiental, innovación y simplificación normativa podrían tener consecuencias indirectas, aunque no permiten anticipar modificaciones concretas en este ámbito.

Finalmente, las medidas relacionadas con la seguridad, la ocupación ilegal de inmuebles y la protección de la propiedad también podrían resultar relevantes para los complejos residenciales y turísticos. PP, VOX y SALF plantean diferentes iniciativas para reforzar la respuesta frente a las ocupaciones, mientras que PSOE y Podemos priorizan otras reformas de seguridad ciudadana y protección de derechos.
En conjunto, los documentos electorales muestran que las principales decisiones políticas con capacidad para influir sobre la industria española del golf se encuentran fuera del ámbito estrictamente deportivo. El acceso al agua, la tributación de los inmuebles, los costes laborales, la energía, las condiciones de inversión y la regulación turística e inmobiliaria aparecen como los asuntos de mayor interés para las empresas y profesionales del sector.
Aunque algunas propuestas podrían traducirse en menores costes empresariales y otras en nuevas obligaciones fiscales o regulatorias, su repercusión efectiva dependerá de las medidas que finalmente se aprueben, su desarrollo legislativo y las competencias de las distintas administraciones.
En cualquier caso, el análisis confirma la importancia de que la industria del golf participe en los debates sobre políticas económicas, turísticas y ambientales que condicionarán su actividad durante los próximos años.












